Cable Andino insiste en que no se le permitió su derecho a la defensa por la extinción de su título habilitante del registro de servicios de cable submarino, que abarca una reversión de bienes, y que la Agencia de Control y Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) ignora las normativas que estaban vigentes en el momento de que este fue emitido, en el 2015.
Cable Andino indica que defenderá su derecho al trabajo, a exigir un debido proceso, al libre desarrollo económico y a la propiedad privada.
Cable Andino insiste en que no se le permitió su derecho a la defensa por la extinción de su título habilitante del registro de servicios de cable submarino, que abarca una reversión de bienes, y que la Agencia de Control y Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) ignora las normativas que estaban vigentes en el momento de que este fue emitido, en el 2015.
La Arcotel emitió el 18 de noviembre una resolución en la que declara el incumplimiento de varias disposiciones por parte de Cable Andino S. A. Corpandino y declaró la extinción del título habilitante otorgado hace nueve años a esa empresa.
El ente estatal señala que en un análisis fruto de la solicitud de conexión de un nuevo cable submarino de Cable Andino “detectó una serie de irregularidades en la concesión de su título habilitante, otorgado el 30 de junio de 2015, principal instrumento legal para la operación de los servicios” que ofrece la compañía.
La resolución incluye iniciar el procedimiento de reversión de los bienes afectos a la prestación del servicio a través de cable submarino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento para otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico.
En un remitido público, el gerente general de Telconet -que es la accionista mayoritaria de Cable Andino-, Tomislav Topic, sostiene que hay una “imposición de plazos irrazonables -a través de comunicados- (que) puede comprometer gravemente la continuidad del servicio de internet para millones de ecuatorianos, afectando la cadena de suministro vital para el desarrollo tecnológico y social del país”.
Y lo ve como “un peligroso precedente que no solo desincentivará la inversión privada, tanto nacional como extranjera, sino que pondrá en riesgo la sostenibilidad de proyectos innovadores en el Ecuador. Una de las posibles consecuencias de esta decisión es la centralización del control del internet en manos del Estado, la que compromete directamente la calidad del servicio, afectando a usuarios finales como hogares, universidades, empresas y otras instituciones, incluso financieras”.
Topic señala que la infraestructura que han desarrollado ha sido financiada exclusivamente con inversión privada y ha garantizado por años la conectividad internacional.
Y que la resolución declara un supuesto incumplimiento, ignorando las pruebas documentales, informes previos y garantías legales que han regido su operación desde el inicio.
Sin embargo, la empresa expresa que confía en la justicia, la institucionalidad ecuatoriana y está convencida de que “el estado de derecho prevalecerá y que este ataque contra nuestra seguridad jurídica será corregido”, e indica que continuará defendiendo su derecho al trabajo, a exigir un debido proceso, al libre desarrollo económico y a la propiedad privada. (I)
El Universo
