El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo n.º 493 el pasado 2 de enero de 2025, declarando estado de excepción en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) al igual que en los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Desde el 25 de noviembre al 25 de diciembre de 2024 se cometieron 20 muertes violentas.
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo n.º 493 el pasado 2 de enero de 2025, declarando estado de excepción en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) al igual que en los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
La medida también rige en otras localidades de siete provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos.
Gobierno decreta estado de excepción por 60 días en siete provincias y tres cantones de Ecuador
Este nuevo decreto estará vigente por 60 días y tiene como objetivo enfrentar una “grave conmoción interna y conflicto armado interno”, tal como se estableció durante varias ocasiones desde abril del 2024.
El gobierno argumenta que la declaratoria responde al incremento de índices de violencia, delitos y la actividad de grupos del crimen organizado (GAO, GDO y GDOT).
En Pichincha, Los Lobos y Los Tiguerones tienen una fuerte presencia, según el informe oficial, y su actividad incluye extorsión, robo, asaltos y microtráfico de sustancias ilícitas.
El 83 % de la violencia de Ecuador se concentra en Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro
El estado de excepción suspende derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en los territorios designados. También implica la movilización continua de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Aunque en varias localidades se declaró un toque de queda de 22:00 a 05:00, esta medida no se aplicará en el DMQ.
En Quito, la decisión gubernamental ha generado debate, ya que las cifras de violencia muestran una disminución en comparación con el año anterior.
Según datos del Sistema de Registros de Muertes Violentas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de la Policía Nacional, entre el 25 de noviembre y el 25 de diciembre de 2024 se registraron 20 muertes violentas, un 23 % menos que en el mismo periodo de 2023, cuando ocurrieron 26.
De estas 20 muertes, 17 fueron homicidios, 2 asesinatos y 1 femicidio. Los extremos norte y sur de la capital se perfilan como las zonas de mayor incidencia, principalmente debido al control territorial ejercido por Los Lobos, quienes disputan con Los Tiguerones el dominio de sectores clave.
La experta en seguridad Alexandra Zumárraga señaló que la renovación del estado de excepción puede estar influida por el contexto político.
“El Gobierno toma esta decisión porque se avecina un periodo electoral, y Quito, como sede de las oficinas del Gobierno central y la capital del país, es un lugar estratégico. La presencia militar y policial se hace necesaria para prevenir posibles atentados y brotes de inseguridad que podrían afectar el proceso electoral”, explicó.
Zumárraga también resaltó la preocupación por atentados similares a los ocurridos en otros contextos de alta inseguridad, como el uso de coches bomba.
“Aunque Quito no tiene grandes complejos penitenciarios, sí cuenta con la Cárcel 4 y unidades de flagrancia, lo que la hace vulnerable a este tipo de ataques”, añadió.
La declaratoria de estados de excepción se ha convertido en una herramienta frecuente en el último año. Según Zumárraga, esta medida ha dejado de ser excepcional en Ecuador. No obstante, considera necesaria la implementación actual, dadas las condiciones de violencia en otras provincias y el riesgo asociado al proceso electoral.
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El decreto también responde a la presencia prolongada de los GAO en diferentes regiones del país. Estas organizaciones no solo han aumentado su capacidad operativa, sino que también han diversificado sus actividades delictivas, extendiendo su influencia a áreas previamente menos afectadas, como el DMQ.
La suspensión de derechos y la movilización de fuerzas de seguridad generan efectos directos en la vida cotidiana de los ciudadanos y el comercio en las zonas afectadas. Mientras que en provincias como Guayas y Manabí el toque de queda limita las actividades nocturnas, en Quito la medida se percibe más como un refuerzo preventivo de seguridad.
No obstante, organizaciones sociales y comerciantes han manifestado su preocupación por los efectos económicos y sociales del estado de excepción, especialmente en un contexto donde, según los registros oficiales, las cifras de violencia en Quito han mostrado una tendencia a la baja.
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Aunque en Quito las cifras de violencia han disminuido, la presencia de grupos delictivos como Los Lobos y Los Tiguerones justifica, según el gobierno, la inclusión del DMQ en esta medida. (I)
El Universo
