Dos policías en servicio activo están siendo procesados en El Oro por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
Este caso se procesa como delito de asociación ilícita, que está tipificado en el artículo 370, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Dos policías en servicio activo están siendo procesados en El Oro por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
Los agentes fueron detenidos el 30 de enero pasado luego de unas investigaciones que determinaron que se habrían asociado para exigir dinero a conductores en operativos de control de tránsito.
Según las investigaciones, los policías identificaban a quienes circulaban sin la documentación en regla o con desperfectos mecánicos (como llantas lisas) y, por sí mismos o mediante terceros, exigían entre 50 y 200 dólares a cambio de no reportar la infracción a las autoridades competentes.
Jorge M., un tercer implicado en este caso, actuaba aparentemente con los policías para cobrar estos sobornos.
El juez de Garantías Penales que conoció el caso dictó prisión preventiva contra Luis G., Stalyn G. (policías en servicio activo) y Jorge M.
La Fiscalía indicó que los sospechosos fueron detenidos durante varios allanamientos ejecutados por Fiscalía, tras cinco meses de investigaciones en las que se aplicaron técnicas especiales, como seguimientos y escuchas telefónicas.
En estas interceptaciones, los ahora procesados habrían mencionado los montos que cobrarían para permitir el paso de vehículos con mercancía sin ser revisados.
Las investigaciones determinaron que los uniformados habrían utilizado grúas particulares para trasladar los vehículos y motocicletas a los patios de retención vehicular y, a cambio, recibían un porcentaje del dinero cobrado por cada remolque. Para estas actividades ilegales, los policías habrían empleado vehículos y motocicletas institucionales.
Este caso se procesa como delito de asociación ilícita, que está tipificado en el artículo 370, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La instrucción fiscal durará treinta días.
De momento, la Fiscalía tiene como elementos de convicción la autorización judicial para llevar a cabo las escuchas telefónicas y seguimientos, el análisis de las llamadas telefónicas y las versiones de los perjudicados. (I)
El Universo