El desalojo repentino de los funcionarios judiciales de la Corte Provincial de El Oro ha generado una ola de inconformidad entre trabajadores y usuarios del sistema.
A más de un año de arrendar instalaciones en Machala, funcionarios judiciales de Machala fueron desalojados para ir a otros edificios y a teletrabajo.
El desalojo repentino de los funcionarios judiciales de la Corte Provincial de El Oro ha generado una ola de inconformidad entre trabajadores y usuarios del sistema.
La medida implementada desde el pasado viernes 15 de noviembre, pero que tomó fuerza este jueves 21 dejó en evidencia, según los empleados, una falta de planificación, ya que aseguran no haber recibido un aviso previo sobre el cambio.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia, Leo Vásconez Alarcón, calificó la situación como “lamentable”, cuestionando la decisión unilateral de la Judicatura de El Oro de enviar a los servidores a teletrabajo.
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Según él, la medida no solo afecta a los trabajadores, sino que también interrumpe el servicio que reciben los ciudadanos.
Los empleados judiciales manifestaron que este desalojo, llevado a cabo sin un cronograma, ha generado caos y desconcierto.
“Es una falta de respeto hacia quienes trabajamos por la justicia. Nadie nos informó previamente de esta decisión”, expresó uno de los jueces.
Jorge Benavides, abogado en el libre ejercicio, explicó que el edificio principal, rehabilitado tras el sismo de agosto de 2023 que dejó edificios destruidos, otros afectados y personas fallecidas, permanece cerrado debido a la falta de un permiso municipal.
Según él, esta situación ha puesto en jaque la operatividad de la justicia en la provincia, afectando tanto a los usuarios como a los operadores judiciales.
Desde el 16 de octubre una aseguradora había notificado la necesidad del desalojo, pero los servidores sostienen que hubo falta de comunicación.
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La Corte Provincial opera actualmente en el antiguo edificio de Diario Opinión, un espacio alquilado desde julio de 2023. Sin embargo, los servicios judiciales han enfrentado limitaciones que afectan tanto al personal como a los ciudadanos. Los funcionarios fueron desalojados de las dos plantas superiores de este inmueble.
Cristhian Gutiérrez, director provincial del Consejo de la Judicatura, afirmó que la medida busca reincorporar al trabajo presencial a más de 59 funcionarios que llevan meses en teletrabajo.
“La ciudadanía exige resultados, y debemos garantizar el retorno a la normalidad”, sostuvo Gutiérrez, quien aseguró que ya se gestiona la habilitación de nuevas oficinas.
Gutiérrez también reveló que el edificio rehabilitado carece de un certificado de habitabilidad debido a problemas legales y técnicos. Para obtener este documento, es necesario transferir el título de propiedad al Consejo de la Judicatura.
El alcalde de Machala, Darío Macas, señaló que tras el sismo ocurrido en el 2023 se emitieron informes de primera etapa que corresponde a un análisis visual.
Este es trasladado a los órganos correspondiente dentro del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, y que tras los procesos de reconstrucción, la empresa o institución que lo requiera, deben presentar un informe que garantice la habitabilidad.
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“El Municipio de Machala no lo evalúa, lo evalúan profesionales adscritos o contratados, en este caso, la Judicatura. Es así que tenemos un informe dado en diciembre de 2023, donde se remite y emite que el edificio ‘posiblemente’ tiene daños estructurales, entonces, al existir un informe de daños estructurales de una consultora contratada por la Judicatura, lo que debería haberse hecho es corregir los daños estructurales en el proceso de reconstrucción, o en su defecto, un informe que nos dé la garantía que el edificio, una vez reconstruido, diga que no presenta los daños estructurales, y que sea habitable”, mencionó Macas.
Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura informó que las unidades judiciales seguirán operando desde el antiguo edificio del Diario Opinión, en la planta baja.
A partir del 25 de noviembre, algunas funciones serán trasladadas a otros espacios, como el edificio administrativo en la avenida Santa Rosa y el antiguo banco Rumiñahui en la avenida Ayacucho.
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Durante esta transición, la atención al público será mediante teletrabajo hasta el 13 de diciembre, con un horario de 08:00 a 17:00. No obstante, el servicio de flagrancias continuará funcionando las 24 horas, según las autoridades.
La falta de un espacio adecuado sigue siendo un desafío para los operadores judiciales de El Oro. (I)
El Universo
