Las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), movimiento Construye e independientes, que sumados superan los 80 votos, ponen reparos al contenido del informe para primer debate del proyecto para el mejoramiento de la recaudación a través del combate al lavado de activos; y advierten que, si no hay cambios de fondo, el destino que tendrá el proyecto urgente es el archivo.
Los bloques de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye y algunos independientes afirman que la propuesta crea nuevos impuestos.
Las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), movimiento Construye e independientes, que sumados superan los 80 votos, ponen reparos al contenido del informe para primer debate del proyecto para el mejoramiento de la recaudación a través del combate al lavado de activos; y advierten que, si no hay cambios de fondo, el destino que tendrá el proyecto urgente es el archivo.
Los legisladores oficialistas iniciaron una ronda de conversaciones con los sectores de oposición para tratar de convencerlos de que la propuesta del Ejecutivo no crea impuestos, sino que modula lo que deben pagar quienes compren vehículos usados.
“Es una total mentira que este proyecto de ley crea un nuevo impuesto”, replicó la legisladora Nathaly Farinango (ADN), quien preside la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que trata la propuesta del Ejecutivo. Ella aclara que ya existe el impuesto del 1 % que pagan los usuarios por la compra de un vehículo usado. Lo que busca esta propuesta es modular el cobro del impuesto; de esa forma, todos quienes compren vehículos de hasta $ 20.000 tendrán una reducción del impuesto de 1 % a 0,75 %.
Dijo que el proyecto del Ejecutivo busca regular la actividad de la compra y venta de autos usados, que según estudios internacionales constituye una actividad que es usada para el lavado de activos. Para ello, se establecerá que en los treinta días posteriores de la compra y venta de los vehículos se declare el origen de los recursos.
El informe para primer debate del proyecto urgente señala un ajuste respecto al impuesto que deben pagar las personas que adquieran un vehículo usado, y se establece una base imponible de 0,75 % para los automotores que tengan un costo menor a los $ 20.000; a los que superen ese costo y hasta $ 50.000 se les mantendrá el impuesto del 1 % que ya existe; pero aquellos vehículos usados que cuesten más de $ 50.000 y hasta $ 60.000 pagarán el impuesto del 1,25 %; en un tercer grupo están los vehículos que cuestan entre $ 60.000 y $ 70.000, que pagarán 2,25 %; luego el impuesto será de 3,25 % para los vehículos que tengan un valor de entre $ 70.000 y $ 80.000; y se aplicará una tarifa de 4,25 % para los automotores que cuesten más de $ 80.000.
La legisladora Farinango destacó que también el proyecto incluye la regulación de los equipos de fútbol profesional y pasarán a conformarse como sociedades anónimas deportivas, y con ello se podrán determinar las fuentes de financiamiento y sus principales accionistas. Cuestionó que el sector de oposición señale que este no es el tiempo adecuado para tramitar la reforma que regula a los clubes deportivos.
Farinango cuestionó que la oposición trata de posesionar que en el proyecto se implementa un nuevo impuesto y de esa forma tener argumentos para votar en contra o abstenerse en la ley que combate el lavado de activos.
El legislador Cristhian Vega, delegado de la bancada RC en la mesa de Régimen Tributario, afirmó que preocupa que bajo el concepto de combate al lavado de activos se quiera gravar un impuesto, pues se reconfigura el actual impuesto del 1 % por el traspaso de los vehículos usados.
“Lo que vemos es que se está castigando la compra y venta de vehículos usados de alta gama, porque se sumarán de 4.000 a 5.000 dólares más al precio establecido, con lo cual no se sumará a la recaudación”, apuntó Vega, quien advirtió que con este impuesto no se combatirá el lavado de activos, sino que recaudando se fortalecerá el sistema para combatir el lavado de activos; por lo tanto, no hay una causalidad mostrada.
Además, dijo que en las reformas sobre las atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se pretende traer a debate y aprobación algo que la Asamblea Nacional negó, como el hecho de que la Unidad de Análisis Financiero por su iniciativa pueda pedir a un juez en una audiencia privada y en un plazo de 24 horas el congelamiento de bienes por sospechas de lavado de activos; es decir, se crearía una herramienta que transgrede el orden constitucional y el legítimo derecho a la inocencia.
Respecto a la propuesta de convertir a los clubes deportivos profesionales en sociedades anónimas deportivas, el asambleísta Cristhian Vega indicó que es una iniciativa que vale la pena debatir, pero no al apuro, y además debería ser parte de una reforma exclusivamente a la Ley del Deporte.
Vicente Taiano, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, explicó que en la ley urgente sobre alivio financiero el PSC presentó más de 50 observaciones, de las cuales doce fueron recogidas en el informe, pues falta incluir a los artesanos y a las juntas de riego como parte de los beneficiarios de estos alivios financieros.
Respecto al proyecto de ley para mejorar la recaudación a través del combate al lavado de activos dijo que es controversial, que abre la puerta a muchas imprecisiones que luego pueden ser usadas para una persecución, y además se implementan nuevas cargas impositivas cuando el país no aguanta más.
Son nuevos impuestos cuando en la propuesta del Ejecutivo se habla de que se aumentará el impuesto en la transacción por venta de vehículos, señaló; por lo tanto, si eso se mantiene en el proyecto, el PSC no dará sus votos.
La tabla propuesta por la mesa de Régimen Tributario no es aceptada por la bancada porque incluye nuevos impuestos; y si bien es cierto que el delegado del PSC en la mesa legislativa, Jorge Álvarez, votó por el informe de primer debate, eso lo hizo para que el debate fluya, explicó Taiano.
“Esta ley tiene un riesgo de archivo porque, si no se quitan las cargas impositivas, hay algunas voces en el pleno de que se debe archivar en primer debate antes que procesarla”, afirmó Taiano.
El coordinador de la bancada del movimiento Construye, Camilo Salinas, reveló que la bancada tomó la decisión de no respaldar el proyecto denominado para el mejoramiento de la recaudación a través del combate al lavado de activos. La razón, dijo, es que se pretende establecer impuestos a las universidades y además a la compra y venta de vehículos.
Dijo que Construye irá directamente al archivo de las dos leyes urgentes en el primer debate, porque a su criterio no hay nada que rescatar de las propuestas, menos aún cuando se observa que hay un presidente candidato. “Pretenden establecer más impuestos, tocar los bolsillos de los ecuatorianos para financiar la propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa”, apuntó.
La legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN) Valentina Centeno advirtió que el trámite de los dos proyectos de ley urgente puede llegar a superar lo electoral antes que la necesidad de aprobar los proyectos para enfrentar la crisis energética heredada, pues “la gran mayoría está pensando en protagonismo político y tener un minuto de fama y así ganar un voto partido por la mitad”, subrayó. (I)
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