La Asamblea Nacional archivó en primer debate el proyecto económico urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos por romper el principio de unidad de materia y porque, a criterio de varios legisladores, tiene un “tufo a persecución” y puramente recaudatorio.
Las bancadas de oposición se acogieron al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para resolver el archivo del proyecto en primer debate.
La Asamblea Nacional archivó en primer debate el proyecto económico urgente para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos por romper el principio de unidad de materia y porque, a criterio de varios legisladores, tiene un “tufo a persecución” y puramente recaudatorio.
El sector oficialista, representado en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), se quedó solo frente al planteamiento de archivo que motivó el movimiento Construye a través del legislador Jorge Peñafiel, y que recibió el respaldo de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, independientes y Pachakutik, y reunieron 84 votos para negar y archivar la propuesta del Gobierno.
El texto de la moción que llevó al archivo del proyecto en primer debate señala lo siguiente: “Aprobar la resolución para negar y archivar el ‘Proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos’, presentado mediante oficio n.º T.408-SGJ-24-0424, de 8 de noviembre de 2024, por el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
La sesión plenaria 985, que se instaló luego del mediodía, empezó con la intervención de la legisladora Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, quien aclaró a la sala que el proyecto urgente no se trata de un nuevo impuesto, sino que es una modificación progresiva en la comercialización de los vehículos usados, cuya actividad representa un alto riesgo en lavado de activos.
Habló de la tabla propuesta que modula el pago del impuesto por la compraventa de vehículos usados y dijo que el proyecto planteado por el Ejecutivo beneficia a más del 73 % de la población, que ya no pagará el 1 % sino el 0,75 % por la comercialización de un vehículo usado. Eso es justicia social, sentenció.
Dijo que la ley urgente permite una recaudación más justa y se preguntó quién puede estar en contra de la lucha y combate al delito de lavado de activos.
El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, dijo que el proyecto no tiene nada que ver con el combate al lavado de activos, porque la compra y venta de vehículos usados es una actividad cotidiana, y que con la colocación de una tabla para el cobro del impuesto lo que se busca es meter la mano a los bolsillos y cargarle más impuestos a la ciudadanía.
También dijo que la propuesta del Ejecutivo supuestamente pretende fortalecer a la UAFE, cuando en los textos expuestos claramente se otorgan facultades omnímodas a la UAFE, cuando fortalecer sería otorgarle independencia y capacidad legal para poder realizar una investigación a los fondos de los criminales en este país. Lo que se pretende es otorgar facultades jurisdiccionales a la UAFE de proveer a la Fiscalía General del Estado.
El legislador Vicente Taiano, del PSC, defendió la decisión del pleno de negar y archivar el proyecto urgente y el planteamiento hecho por su colega Jorge Peñafiel de Construye e insistió que constitucionalmente de acuerdo al artículo 140 y 60 de la ley orgánica de la Función Legislativa es posible negar y archivar un proyecto urgente en primer debate.
Afirmó que la propuesta de ley del Ejecutivo es recaudatoria y una vez más se pretende meterle la mano al bolsillo del país y el Parlamento no puede permitirlo. Además dijo que el proyecto rompe el principio constitucional de unidad de materia y es una razón de peso para el archivo.
Invitó a los legisladores a perder el miedo y que digan que esta ley tiene “tufo a persecución”, al pretender reformar la ley de lavado de activos que hace cuatro meses se aprobó para otorgarle atribuciones a la UAFE.
José Luis Vallejo (RC), sostuvo que el proyecto urgente no es más que otro intento maquillado para subir impuestos y meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos por parte del gobierno de Daniel Noboa.
Indicó que con la propuesta oficialista se pretende subir el impuesto a la compra y venta de vehículos usados supuestamente para combatir el lavado de activos, y además se busca convertir a la UAFE en otro dispositivo de persecución e intentar privatizar el fin social del deporte, pues el proyecto plantea que los socios de los clubes deportivos ya no decidan sobre su destino, sino que lo hagan sus accionistas y sus capitales.
El proyecto es meramente recaudatorio y el gobierno esperaba recaudar $ 8.19 millones por impuesto a la renta de sociedades anónimas deportivas, y por el impuesto a la compra de vehículos usados no existe información remitida desde el Ministerio de Economía.
En medio del debate el asambleísta Francisco Cevallos (ADN), denunció en el pleno que recibió una llamada amenazante del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, justamente cuando la Asamblea trata la “ley antipillos”, dijo.
Afirmó que quienes defiende el archivo de la ley, son los que defienden al crimen organizado y el lavado de activos. “Acabo de recibir, mientras se debate la ley antipillos, una llamada amenazante a mi teléfono del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, justo cuando debatimos la ley antipillos para seguir lavando desde Barcelona Sporting Club; este no es un ataque al Presidente de la República, esto no es un ataque a Francisco Cevallos, sino a la gente honesta que quiere mejores días para este país”, anotó.
En medio del debate el legislador Juan Pablo Molina (RC), pidió que se retransmita un video donde el presidente Daniel Noboa, durante su campaña prometía que no va tocar los bolsillos de los ecuatorianos y que es más va a bajar el costo de los productos. Lo que debe enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional es un proyecto urgente donde se exija a 25 compañías a pagar más de $800 millones que deben por concepto de impuestos al Estado. Indicó que la propuesta del Gobierno pretende convertir a la UAFE en un instrumento de persecución. (I)
El Universo
